EL REDONDEO AL ALZA EN LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS: UNA MALA PRÁCTICA ELIMINADA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ESPAÑOLES

A nadie se nos escapa que cobrar por un bien no entregado o un servicio no prestado es una mala práctica que va en contra de los principios generales del Derecho e incluso del propio sentido común. A pesar de ello los consumidores españoles han sufrido estas prácticas abusivas durante años en servicios tan variados como los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable (en lo que se refiere a la fijación del tipo de interés), la tarificación por tiempo en los servicios de telefonía móvil (celular) y la tarificación por el tiempo de estacionamiento en los aparcamientos públicos.

Dejemos de lado los temas de concertación de precios y prácticas colusorias que pertenecen al ámbito de defensa de la competencia, así como los propios del contrato de depósito y la responsabilidad por los daños, desperfectos, robo, etc. que se puedan producir en un vehículo que ha sido estacionado en un aparcamiento, y centrémonos ahora en el tema de la tarificación abusiva haciendo un repaso de los avatares por los que han pasado los consumidores españoles hasta que los Tribunales de Justicia y la propia Administración del Estado –con el impulso de la Unión Europea- han reaccionado y eliminado esta mala práctica que consistía en cobrar por un tiempo que no se correspondía con el que el vehículo había estado realmente estacionado, redondeando siempre a una fracción de tiempo superior, es decir a una hora completa, independientemente del tiempo real consumido.

Para ello nos tenemos que remontar a una primera sentencia de fecha 20 de marzo de 2004 por la que el Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Madrid, en sentencia pionera, condenó a los aparcamientos públicos a eliminar de sus condiciones la cláusula de pago por hora o fracción, estableciendo que a partir de ese momento los aparcamientos sólo podrían cobrar por el tiempo exacto de uso del servicio de estacionamiento. Para ello se basaba el Juez en que la cláusula de pago por hora o fracción –por la que siempre se redondeaba al alza a una hora más del tiempo realmente utilizado- constituía una condición general de la contratación incorporada a un contrato de adhesión por lo cual el usuario no tenía la posibilidad de negociación individual de la aplicación de la cláusula no quedándole otra opción que la de aceptar las condiciones impuestas por el titular del aparcamiento.

Como era de esperar, esta sentencia dictada en demanda interpuesta por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo fue inmediatamente recurrida por la patronal del sector de aparcamientos públicos recayendo la apelación en la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid quien, en sentencia de 8 de septiembre de 2005, confirmó en su totalidad la sentencia de instancia declarando la nulidad de dicha cláusula y obligando a los aparcamientos públicos a facturar por el tiempo realmente consumido. A partir de este momento quedaron sentadas las bases jurídicas y jurisprudenciales para la eliminación de dicha práctica que no estuvo exenta de dificultades debido al incumplimiento por parte de una buena parte de las empresas titulares de la explotación de los aparcamientos.

Paralelamente, y en lo que se refiere a materia legislativa, no podemos olvidar la Ley 44/2006, de fecha 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que tiene su origen en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declaraba que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que establece que siempre hay que acoger la interpretación más favorable a los mismos (los consumidores), haciendo por lo tanto necesaria la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, estableciendo la citada norma los requisitos que debe contener el justificante o resguardo de un aparcamiento público entre los cuales están las formas admisibles del cálculo del precio del estacionamiento público, que se aplicarán no sólo a las empresas que se dediquen a esta actividad en exclusiva sino también a todas las actividades de estacionamiento realizadas en el marco de una actividad empresarial o profesional. Es decir, los aparcamientos de comercios, grandes superficies y similares.

La entidad jurídica y de defensa de los consumidores en la que presté mis servicios durante casi catorce años –hoy día lamentablemente desparecida- tenía como uno de sus lemas que “los derechos no se regalan sino que se conquistan” y mi experiencia en este campo me ha demostrado que así es. Animo a todo el mundo a reclamar ante las autoridades competentes y los Tribunales de Justicia y a que denuncien todas aquellas situaciones en las que piensen que sus derechos –y no hay derechos más directos que aquellos que nos tocan el bolsillo por muy pequeño que sea el importe- han sido de alguna manera conculcados o violados.

Hermenegildo García García
Consultor en Comunicación y RRII

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