La venta de carne podrida: un acto de negligencia eliminado por nuestros Tribunales de Justicia

A nadie se nos escapa que los resultados de la investigación realizada en Brasil, denominado la Operación “Carne Débil” que, confirmó la adulteración y “maquillaje” de carne bovina y aviar en mal estado por parte de varias empresas, constituye para los consumidores y usuarios de Chile, que compramos a proveedores de carne proveniente de ese país, un acto negligente por parte de los supermercados y carnicerías que venden dichos productos.

Dicha venta de carne descompuesta va en contra del principio de la seguridad en el consumo de bienes, la protección de la salud y el medioambiente, e incluso han afectado el deber de evitar los riesgos en el consumo de productos en mal estado.

Sin embargo, a pesar de las normas de seguridad señaladas y contenidas en nuestra Ley de Protección al Consumidor, nuestro país ha sufrido éstas riesgosas prácticas durante años.

Dejemos de lado los temas de concertación de precios y prácticas colusorias que pertenecen al ámbito de la normas de la Libre Competencia y centrémonos en el tema de la venta de carne podrida, haciendo mención en los fallos de nuestros Tribunales de Justicia que han reaccionado eliminando esta mala práctica.

Teniendo en consideración no solo han sido adulterados con productos químicos carnes que estaban “podridas” o en condiciones no aptas para el consumo humano, sino que además, en el caso de Brasil en que para lograr la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, sus empresas habían creado una red de pagos de sobornos que involucran, según la policía, a varios funcionarios dentro del ministerio.

Para ello nos tenemos que remontar a una sentencia, pronunciada en el mes de Julio del año 2011, en que en primera instancia, el Juzgado de Policía local de Osorno, condenó al Supermercado Líder de la Casona al pago de una indemnización de $5.615 al consumidor por el daño directo y $500 mil más por daño moral debido a las molestias y el tiempo empleado en obtener una solución al problema. Además le aplicó una multa de 5 U.T.M. (más de $190 mil) por haber infringido la Ley del Consumidor al no entregar un producto de calidad, provocándole menoscabo al consumidor afectado.

Para ello, el tribunal tuvo en consideración un informe remitido por el Laboratorio de la Autoridad Sanitaria, que concluyó que la carne estaba con “sus características organolépticas alteradas, fuerte olor ácido-nauseabundo, coloración verdosa en algunas zonas, líquido residual turbio, espeso y mal oliente”. Como es de esperar, este fallo confirma que las empresas tienen la obligación de ser profesionales en la producción y entrega de sus productos, y por lo tanto deben mantener los más altos estándares de calidad. Esto es especialmente relevante cuando se trata de alimentos, ya que cualquier negligencia puede poner en riesgo la salud de los consumidores y consumidoras.

Paralelamente, y en lo que refiere a esta materia, durante el mes de agosto del año 2011, el Tribunal de primera instancia condenó al supermercado Líder de Copiapó al pago de una indemnización de $100 mil pesos a un consumidor tras venderle carne en mal estado y no asumir su responsabilidad en dicha venta. El tribunal tuvo en consideración que si bien no se detectaron otros productos en mal estado, al no existir registros y controles, la causa que originó el problema fue el no contar el producto con la temperatura adecuada para su conservación.

Este fallo confirma que las empresas tienen la obligación de ser profesionales en la producción y entrega de sus productos, y por lo tanto deben mantener los más altos estándares de calidad. Esto es especialmente relevante cuando se trata de alimentos, ya que cualquier negligencia puede poner en riesgo la salud de los consumidores y consumidoras.

Consejos

La carne es un producto especialmente sensible, por lo que las empresas que venden estos productos deben ser responsables en su mantención y entrega. Es obligación de las empresas entregar productos de calidad que no representen riesgo alguno para los consumidores.

Si un consumidor detecta una irregularidad en algún alimento envasado, a granel o previamente elaborado por el proveedor, lo primero que debe hacer es la denuncia a la autoridad sanitaria competente que tras una investigación determinará los sumarios o sanciones para la empresa, además de entregar las pruebas que pueden apoyar su derecho a exigir las indemnizaciones o compensaciones en el tribunal si corresponden. Los consumidores tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios producidos por negligencia de las empresas, especialmente cuando está en juego su salud.

Claudia Candiani

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